Sí al autoconsumo pero con matices. El Gobierno matiza la reforma energética

La presión que está sufriendo el Ministerio de Industria para que vire su política energética ha tenido resultados. El proyecto de Ley del Sector Energético ha incluido a última hora un matiz que permite la supervivencia del autoconsumo eléctrico. Las instalaciones de cogeneración ya registradas no tendrán que pagar la tarifa de respaldo que el Gobierno pretende hacer efectiva a partir del 1 de enero de 2014.

Este matiz da la razón tácitamente a los sectores eólico y fotovoltaico, que se mostraron especialmente agresivos con las medidas que quería implantar el Ministerio de José Manuel Soria. Acusaban a las medidas de retroactivas por afectar de manera negativa a un acuerdo entre las partes realizado con anterioridad, en lugar de hacer vigente los cambios a partir de la finalización del mismo.

Este asunto había sido escuchado por la Comisión Europea, que lleva a cabo su propia investigación para comprender hasta qué punto el Gobierno pretendía incumplir las directivas europeas en materia de eficiencia energética. La propia Constitución Española prohibe la retroactividad de las leyes.

Sin embargo, este nuevo matiz, aunque supondrá un alivio para los inversores y productores, está lejos de ser la solución deseada por el sector de energías renovables. Primero, porque les exime de pagar la tarifa de respaldo sólo hasta 2020. A partir de ese momento, pasarán por caja, como todos los que se registren de manera posterior a la entrada de la ley. Segundo, porque el fondo de la ley sigue siendo especialmente restrictivo al impulso de las renovables en España.

El proyecto de Ley mantiene que los que opten por el autconsumo se verán obligados a sufragar “los costes del sistema y los costes para la provisión de los servicios de respaldo”, que referencia a la polémica tarifa. La situación que produce es la siguiente. Los productores de energía solar y eólica tendrán que vender su producción a la red, a un precio determinado. Si quieren emplearla para uso propio deberán acudir igualmente a la red, a precio superior. Es decir, que perderán la capacidad de ahorro respecto a las energías tradicionales. Si a esto le sumamos que la tarifa de respaldo encarecerá su energía y la inversión que habrán hecho por el equipamiento, nos encontramos con que el Gobierno está logrando que una energía limpia y barata sea un lujo al alcance de pocos.

De la quema se podrían salvar Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que disfrutarán de un trato especial. Los Gobiernos y cabildos podrán establecer mediante reglamento reducciones a estos peajes. Podrían haber incluido a la Isla Perejil, ya puestos.

Las infracciones muy graves se han fijado entre los 6 y los 60 millones de euros, y aunque lo parezca, no es un sueño producido por la mescalina. Es texto legal. Lo muy grave para el Ministerio es que no se registre una placa solar en las Administraciones Públicas o que se incumplan requisitos técnicos. Gracias a esta configuración, sale más a cuenta golpear con una barra de hierro a un funcionario público o violar a un menor.

La esperanza de la industria de las energías renovables recae ahora en el ministro de hacienda Cristóbal Montoro. Los mentideros aseguran que ve con malos ojos estas propuestas del Ministerio de Industria, debido a que choca con la ley que regula la eficiencia energética en edificios. El Ministro teme que anule los efectos de la misma y pise un logro personal.

Todo el país pendiente de una resolución favorable para las renovables, que favorece el interés general, y las esperanzas que quedan residen en el ego de una sola persona. Fantástico.

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